Cayó banda que estafaba al Estado con el proceso de reposición de vehículos de carga

El fraude asciende a 6.800 millones de pesos

Nueve personas fueron imputadas por concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad ideológica, entre ellas dos funcionarios de la Fiscalía y un exsecretario de transporte


Barranquilla. En el marco de plan transparencia instituido por el Gobierno Nacional, la Policía Nacional a través del Grupo Investigativo de Automotores de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una organización delincuencial dedicada a efectuar fraude al proceso de reposición de vehículos de transporte de carga por hurto.

Como resultado de las acciones policiales adelantadas en las ciudades de Barranquilla, Sincelejo y Valledupar y en los municipios de Hato Nuevo-Guajira, Carmen de Bolívar y Duitama- Boyacá, fueron capturadas nueve personas, entre ellas el cabecilla de la organización un ex secretario de tránsito del municipio de Carmen de Bolívar (quien para la fecha de la comisión del delito fungía como titular de ese cargo).

Dentro de los roles que cumplían los integrantes de la red estafadora se encuentran, además de alias ‘Juancho’, el cabecilla encargado de realizar las modificaciones fraudulentas en la Plataforma RUNT, tres tramitadores de la costa atlántica quienes durante los años 2008 a 2011 postularon ante el Ministerio de Tránsito y Transporte los vehículos para obtener fraudulentamente las resoluciones; contaban igualmente con la participación de dos funcionarios adscritos a la Fiscalía General de la Nación (Seccional de Valledupar y Cartagena), encargados de crear en el sistema SPOA las falsas denuncias. Así mismo, ubicaban personas naturales sin antecedentes judiciales a quienes asignaban el rol de propietarios de los automotores.

Pasado un año del supuesto hurto, con la noticia criminal realizan el trámite fraudulento de cancelación de matrícula ante el organismo de tránsito donde se encuentra registrado el automotor, y posteriormente, siguiendo los protocolos establecidos en la normatividad expedida por el Ministerio Transporte inician el proceso de reposición para obtener la resolución  que expide en ente ministerial y que permite la matrícula de un vehículo nuevo.  Resolución que equivale a lo que usualmente se conoce como el cupo, que según la capacidad de carga del automotor en el mercado tiene un valor entre 35 a 75 millones de pesos, la cual venden al mejor postor, obteniendo así su ganancia ilícita.

Este proceso investigativo es consecuente de la denuncia instaurada por quien en su momento ejercía como Viceministro de Transporte, en la cual puso en conocimiento las irregularidades en el proceso de cancelación de matrícula por el hurto de 98 de vehículos de transporte de carga, requisito para acceder a la resolución (CUPO) que permite la matrícula de un vehículo nuevo en el parque automotor de carga del país.

 Luego de más de un año de investigaciones y de la recolección de elementos materiales de prueba basados en inspecciones judiciales (294), diligencias de entrevista (53), pruebas de dactiloscopia (98), búsquedas selectivas de (75) personas en las empresas circundantes de telefonía (5)  y solicitudes a diferentes entidades públicas y privadas (98), un juez de control de garantías expidió las órdenes de captura por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica, y concierto para delinquir.
Los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.